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La CSJ de Santa Fe avanza para desplazar a Lorenzini de Vicentin

junio 22, 2022 12:36 pm POR ACTUALIZATE

El presidente de la CSJ Rafael Gutiérrez busca apoyo de otros ministros para quitar a Fabián Lorenzini del concurso preventivo de Vicentin.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, buscaba hoy el apoyo de otros ministros del máximo tribunal a la decisión de desplazar al juez Fabián Lorenzini que interviene en el concurso preventivo de Vicentin, quien tiene plazo hasta el viernes para remitir al máximo tribunal la totalidad del expediente de la causa, informaron fuentes judiciales.

La medida del titular de la CSJ provincial, que resolvió el jueves pasado el avocamiento al caso y le pidió al juez que le remita el expediente, procura determinar si existieron irregularidades en su trámite y dejó en vilo el desenlace del concurso, al suspender los plazos procesales.

La medida cobra importancia, entre otras cuestiones, porque el jueves 30 de junio vence el período de exclusividad para que Vicentin presente el acuerdo de las mayorías –de acreedores y de capital- a su propuesta de salida del concurso, para evitar la quiebra.

Gutiérrez procuraba hoy el respaldo de otros ministros en la reunión de acuerdo del máximo tribunal, señalaron fuentes judiciales.

La decisión del presidente de la Corte Suprema santafesina es consecuencia del planteo realizado por los abogados de uno de los principales acreedores granarios del concurso, la firma Commodities SA, del Grupo Grassi, que denunció una serie de presuntas irregularidades por parte del juez Lorenzini.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que el expediente aún está en manos del juez civil y comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, quien “tiene cinco días hábiles para responder, e incluso puede rechazar el planteo”.

De todos modos, según la misma fuente judicial, el expediente deberá ser remitido indefectiblemente al máximo tribunal en caso de que suscite un conflicto.

Un funcionario del gobierno santafesino dijo a esta agencia que el procedimiento de avocamiento “es muy infrecuente” en la historia judicial provincial, y que obedece a presuntos “apartamientos del proceso regular” por parte del magistrado.

El máximo tribunal puede pedir la remisión de un expediente que tramita en la primera instancia ante un caso de “gravedad institucional” o cuando se vea comprometido “el orden general económico”, abundó la fuente.

Entre otras cosas, lo que objetó la firma Commodities SA para pedir el avocamiento de la Corte es la presunta venta por parte de Vicentin del 33% de las acciones que aún conserva en Renova -la principal planta de molienda de soja y biodiesel del país- a su socia Viterra SA (ex Glencore) por U$S310 millones.

La venta de las acciones se habría pactado a través de una “oferta de compra” por parte de Viterra realizada el 28 de abril pasado, que fue aceptada por el presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, y cuyos ingresos la cerealera ofreció como parte de la propuesta de pago a los acreedores del concurso.

Por esa acción, Scarel fue imputado el 8 de junio pasado por desobediencia judicial, atento a que dos jueces habían prohibido a la agroexportadora desprenderse de sus activos durante el concurso.

La decisión de la CSJ de desplazar al juez de concurso y pedir la remisión del expediente suspendió también los plazos procesales, por lo que quedó sin efecto la posibilidad de que el magistrado convalide un acuerdo de Vicentin con sus acreedores, con plazo final fijado para el 30 de este mes.

El diputado provincial Carlos Del Frade, que sigue de cerca el concurso, manifestó su coincidencia con la medida adoptada por la Corte porque -dijo a Télam-, “para la zona liberada creada por Lorenzini”.

Varios acreedores sostuvieron –incluso con planteos formales de recusación- que el juez del concurso se allanó a los planteos de la empresa.

Por otra parte, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, se mostró a favor de capitalizar la empresa, habida cuenta de que la entidad financiera pública es el mayor acreedor particular del concurso.

“Sería deseable que entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura definan al caso Vicentin como Proyecto Estratégico, a efectos de poder asumir la tarea de capitalizar la empresa”, señaló hoy el director del Banco Nación, Claudio Lozano, en un comunicado.

En este sentido, planteó la “idea de una empresa mixta que sea testigo en materia de comercio exterior de granos, y que pueda, reestructuración mediante, intervenir en el mercado de alimentos”.

Lozano también respaldó la posición del presidente Alberto Fernández respecto de la necesidad de que el Estado sume una empresa testigo que ordene el mercado.

“Existen sobradas razones para que las fuerzas que integramos el Frente de Todos iniciemos un proceso de movilización política y social que respalde esta decisión presidencial”, explicó Lozano.

Al respecto, resaltó la importancia de “esclarecer ante la opinión pública un camino que le ponga un límite a la impunidad con que suelen actuar estos grupos empresarios, y fortalecer a la comunidad con herramientas que permitan administrar mejor el funcionamiento de la economía”.

“Con el Banco Nación a la cabeza del conjunto de la banca pública y sumando a otros organismos como la AFIP, también acreedores de Vicentin, hay que utilizar los derechos que el Estado tiene en el concurso, encolumnados por el carácter de acreedor privilegiado del Nación”, concluyó Lozano.

El Banco Nación, a favor de la declaración del cramdown

El presidente del Banco Nación (BNA), Eduardo Hecker, se mostró a favor de que la Corte Suprema de Santa Fe declare el cramdown sobre la empresa Vicentin, luego de que el máximo tribunal provincial se abriera a una intervención más profunda por parte de sus acreedores en la cancelación de su deuda.

En ese sentido, el BNA tiene una posición privilegiada entre lo acreedores de la empresa, ya que tiene US$ 300 millones de los casi US$ 1.600 millones que la cerealera dejó sin pagar a principios de 2020, entre quienes se destacan otros bancos públicos y extranjeros, además de productores de Santa Fe.

“A partir de la decisión de la Corte Suprema provincial, en la actualidad se abre una etapa -que probablemente sea la del cramdown-, y en esta etapa se debe realizar una nueva propuesta que contemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado. Esta instancia debe contemplar el funcionamiento a pleno de la compañía; que genere empleo y que además genere alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado”, aseguró Hecker en declaraciones a la prensa.

Hecker advirtió que si el juez Fabián Lorenzini homologaba la propuesta que la empresa había presentado, se abría una “posibilidad inminente de que haya un desguace de la compañía, al tiempo que distintos sectores quedarían sin destino, además de convertirse en una amenaza al empleo de los que hoy están trabajando”.

“Es imprescindible evitar el fraude. La propuesta de Vicentin implica convalidar el fraude y una quita del 80 por ciento en valor presente neto de los créditos que tiene el Banco Nación y un daño al patrimonio colectivo. Teniendo en cuenta que el Banco Nación es de toda la sociedad y, por lo tanto, convalidar esa alternativa es un atentado al patrimonio colectivo”, subrayó Hecker.

Por último, el funcionario recordó que el banco “manifestó su oposición a la propuesta y realizó todos los esfuerzos necesarios para evitar la extranjerización; el desguace de la compañía y la pérdida de puestos de trabajo”.

Otra de los entidades acreedoras de Vicentin es el Banco Provincia, que también rechazó la propuesta de reestructuración presentada por la empresa “por considerarla insatisfactoria para los intereses de la banca pública”.

Vicentin SAIC entró en default en diciembre de 2019 con más de 1.727 acreedores comerciales y financieros -agricultores, bancos privados y públicos e inversores extranjeros- a quienes dejó impago cerca de US$ 1.600 millones, lo que derivó en el concurso preventivo que ahora deberá dirimir la Corte Suprema santafecina.
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