En un documento de 20 páginas, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá)  asegura que de los 1.956 femicidios registrados entre enero de 2015 y mayo de 2022, Santa Fe es con 183 casos la segunda provincia después de Buenos Aires (683 registros) con más femicidios. Y a esas cifras también hay que sumar el alto índice de muertes vinculadas a las economías delictivas como el narcotráfico o narcoterrorismo.

El primer punto del trabajo se titula “Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans-Travesticidios a 7 años del #NiUnaMenos” y revela que en ese lapso se contabilizaron 1.685 femicidios directos a mujeres, 131 femicidios vinculados de niños varones, 92 femicidios vinculados de niñas mujeres y 48 trans/travesticidios lo que lleva a concluir en promedio en 1 femicidio cada 33 horas.

En este marco convocan para este viernes, a partir de las 17 hs., a marchar nuevamente desde la plaza San Martín al Monumento, las mujeres, lesbianas, bisexuales, trans y travestis, indígenas, originarias y afro para repudiar este vergonzante podio de la provincia y de crímenes chequeados a lo largo y ancho del país. El eje de los reclamos será esta vez contra “La Justicia patriarcal y misógina”.

Se contabilizan tres cifras para entender especialmente y que vinculan a las mujeres y su cría. 959 mujeres madres fueron víctimas de femicidios (51% de las víctimas), 59 estaban embarazadas cuando fueron asesinadas. De estos, resulta que 2156 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madres en los últimos 7 años por la violencia machista.

Solo el 25% de las víctimas de femicidio había realizado denuncias de violencia de género en estos años. El 52% obtuvo orden de restricción, y el botón antipánico estuvo presente en 1 de cada 10 víctimas que denunciaron (9%).

Se han sumado categorías en los últimos dos años, como las muertes violentas que no se encuadran en femicidios/trans-travesticidios con relación a violencia sexual o actitud de odio sexogenérico, pero que desde un análisis feminista se infieren como producto de una vulnerabilidad estructural por ser la víctima mujer/lesbiana/travesti o trans en una sociedad patriarcal. También se registraron los asesinatos asociados a delitos comunes (robos o intentos de robo), a economías delictivas (narcotráfico) o sus delitos conexos (venganzas, ajustes de cuenta o extorsión). Y se relevaron también los suicidios feminicidas, consecuencia del abuso de poder crónico del victimario.

La mayoría de los femicidas, según revela el trabajo, son jóvenes de entre 19 y 40 años. El 10 % tenía antecedentes penales por violencia de género y 151 del total de 1.632 eran integrantes de las fuerzas de seguridad, activos o retirados. De ellos, el 83% usó arma reglamentaria para cometer el femicidio.

Por otro lado, el 12% de los femicidas utilizó algún método para deshacerse del cadáver (valgan los dos ejemplos citados al principio de la nota: a Chiara Páez su novio, Manuel Mansilla, la enterró en el patio de su casa de Rufino; en tanto, Ramón Britez, de Baigorria, hizo lo mismo con su pareja, Nora Escobar. Se habla de personas muy ligadas a las víctimas: en promedio, el 38 % de los femicidas convivía con las personas a quienes asesinaron.

Los femicidas múltiples son: 59 los que cometieron femicidios dobles, 15 los responsables de femicidios triples; 2, de cuádruples femicidios y 3 los victimarios de femicidios quíntuples.

También se puede leer en el trabajo que 73 femicidas actuaron acompañados, es decir hubo más de un autor; 176 femicidas (9%) no pudieron ser identificados por falta de datos, 177 femicidas del total de casos aún continúan prófugos (9%) y el 22% se suicidó: es decir 358 varones. Mientras que un 6% lo intentó.

“Cuando hay más pobreza y desigualdad, se les dificulta más a las mujeres lograr autonomía, son los varones quienes proveen y ese también es motivo de sometimiento” según las palabras de Gabriela Sosa, Directora Ejecutiva de la Mesa Nacional de Mumalá.

En el observatorio de su página virtual, esta organización expresa: “Construimos de forma colectiva y federal, datos y estadísticas sobre las  violencias, desigualaciones y vulnerabilidades que padecemos mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex, maricas y no binaries.

Realizamos monitoreos del avance y cumplimiento de nuestros derechos generando propuestas, estrategias y prácticas de lucha y resistencia a las manifestaciones machistas en la sociedad  patriarcal. Asimismo, buscamos, la incidencia en las políticas públicas de los tres poderes y niveles del Estado.  Asumimos una de las principales tareas históricas del feminismo: visibilizar la inequidad de género y registrar nuestras experiencias superadoras proyectando en la agenda pública, desde la elaboración de datos y fundamentaciones propias.

Creamos nuestro observatorio en 2015, lo reformulamos federalmente en el 2018, con asiento en 17 provincias de la argentina y CABA. El despliegue nacional del Observatorio aporta inserción local para la detección, visibilización y seguimiento de las distintas violencias machistas en su complejidad enriqueciendo la interpelación y propuestas integrales a los estados, gobiernos e instituciones”.

“El poder Ejecutivo también debe rever qué presupuesto destina a las políticas públicas para que sean eficaces, se debe analizar por qué el 75% de las mujeres no denuncia los hechos de violencia, hay seguramente desconfianza en esa escucha y contención que no se está abordando y definitivamente estamos en deuda con la implementación de la Educación Sexual Integral, no hay prevención posible si no se trabaja en Educación con este tipo de violencias“, remarcó Sosa.