Interés General

El proyecto de regulación de redes sociales ya genera polémicas

marzo 30, 2022 9:16 am POR ACTUALIZATE

El gobierno promueve un pacto de regulación para el buen uso de las redes sociales que “no intoxiquen la democracia”.

El Gobierno anunció que trabaja en una iniciativa de regulación para promover “el buen uso de las redes sociales”. Lo adelantó el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, durante la presentación de la Agenda Productiva Federal en el marco del Consejo Económico y Social.

En el Centro Cultural Kirchner (CCK), Beliz fue el encargado de dar inicio a la jornada, que estuvo encabezada por el presidente Alberto Fernández, en la que se presentaron los principales ejes para la puesta en marcha del Plan Argentina Productiva 2030.

Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”, dijo Beliz y anticipó que ya “estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”.

El secretario de Asuntos Estratégicos anticipó también que junto al Gobierno se han convocado a 40 universidades de toda la Argentina para “pensar y proponer estas iniciativas” para definir lo que desde el oficialismo llaman “el bueno uso de las redes sociales”.

El objetivo es recuperar una mirada amplia, federal y plural, para promover un “Acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet”. De este modo, invitarán a participar a sindicatos de prensa; docentes, investigadores y estudiantes universitarios; asociaciones civiles; organizaciones de DDHH; profesionales; funcionarios públicos municipales, provinciales y nacionales; asociaciones de medios de comunicación; cámaras empresarias; dueños, directivos y/o representantes de medios de comunicación y a la comunidad en general.

Su objetivo es formular recomendaciones basadas en evidencia para la adopción de políticas públicas que permitan construir entornos digitales respetuosos; desarrollar investigaciones que incrementen el conocimiento de los problemas de mayor relevancia en el campo de las comunicaciones en entornos digitales; evaluar el grado respeto a los principios del Pacto Internacional para la Información y la Democracia por parte de las entidades que integran el ecosistema digital del país.

Béliz dijo que “‘Redes para el bien común’ es un programa del Consejo Económico y Social que nace a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, en junio del año 2021. No significa ni un intento de regulación de las redes sociales, ni un intento de vulnerar la libertad de expresión, ni mucho menos avasallar ningún derecho constitucional. Ha desarrollado actividades públicas con múltiples actores de la vida ciudadana, y su plan de trabajo se caracteriza por la pluralidad de actores y voces. Pretender cualquier otra interpretación es algo alejado a la verdad de lo que estamos realizando con seriedad y profesionalismo”.

Los principales líderes de Juntos por el Cambio salieron este martes a rechazar cualquier intento del gobierno nacional de limitar o regular el uso de las redes sociales, tras el anuncio que hizo el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, de impulsar un “pacto” para evitar que esas plataformas “dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dirigentes de primera línea del radicalismo y la Coalición Cívica -el partido de Elisa Carrió– coincidieron en señalar que la iniciativa difundida por el funcionario nacional podría implicar un riesgo para la libertad de expresión y la limitación de derechos constitucionales básicos.

En el radicalismo también rechazaron la medida de regulación de las redes sociales. En su cuenta de Twitter, Mario Negri lanzó: “Podrán disfrazarlo como quieran, pero intentar regular/ controlar las redes sociales además de inconstitucional es autoritarismo puro y duro. La democracia exige libertad. Si no, no es verdadera democracia”.

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) manifestó su preocupación por el anuncio y recordaron que “todo intento de regulación sobre contenidos o control del funcionamiento de las redes sociales implica lesionar y poner en riesgo los derechos que la Constitución Nacional garantiza”.

Además, señalaron que la medida #encuentra su freno en las garantías al ejercicio de ese derecho que contempla el art.14 de la Constitución Nacional, careciendo por ello el Poder Ejecutivo de facultades para realizar una regulación de los contenidos que atraviesan las redes de Internet”.

Aparentemente se estaría ante un verdadero “bluf”. Acorde a su definición, se trataría de una “operación propagandística para presentar con ostentación a una persona o cosa que no cumple las expectativas prometidas”.

Porque realmente ¿cómo se puede lograr semejante pacto en las redes si no se trabaja con el conjunto de la sociedad en todos los aspectos de la vida cotidiana? En las redes se reproducen textual y contextualmente los modos vinculares de una comunidad.

No podemos desconocer que las redes sociales son también campo para la diseminación de discursos de odio, que intentan amedrentar públicamente a personas y grupos sociales con menos poder; así, no es difícil encontrar agrupaciones organizadas con discursos xenófobos, misóginos u homofóbicos, entre otros.

Algunas plataformas, como Twitter o Facebook, han implementado -con mayor o menor éxito- reglas de uso  para evitar estas prácticas y herramientas para denunciar los discursos de odio. A esto se suman las leyes de cada país en la materia y que siempre son perfectamente aplicables a internet.

Muchas veces el combate contra los discursos de odio vienen junto a  medidas que pueden tener consecuencias nefastas para el resto de los usuarios de redes sociales, como hacer responsable a los intermediarios (en este caso, las compañías detrás de estas plataformas) de los actos de sus usuarios, estimulando a la censura previa y colocando la lápida a uno de los fenómenos de comunicación masiva y democrática más interesante de los últimos tiempos.

Pero lo cierto es que una regulación de estas situaciones sin afectar la libertad de expresión es sumamente difícil; asimismo, y en contrapeso, cuesta creer la poca atención de las autoridades a reforzar programas de alfabetización digital que enseñen a los usuarios de redes sociales a leer de forma los contenidos que ahí encuentran. Sorprende la inocencia con la que todos ayudamos a difundir información falsa o errónea.

No hay que olvidar que las plataformas donde buena parte del derecho a la libertad de expresión se ejerce en Internet, son de carácter privado, con pocos espacios de participación y transparencia en sus decisiones de políticas y términos de uso, y sin representación legal en muchos de nuestros países.

 

 

 

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