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Conflicto en el Sahara

marzo 28, 2022 10:33 am POR ACTUALIZATE

Una polémica decisión del gobierno español reavivó una disputa sobre un extenso territorio en la zona del Sahara.

Mientras la invasión rusa a Ucrania arrastra la atención global, otros conflictos de larga data y que también son consecuencia del accionar de los imperialismos, se ponen de manifiesto. Tal es el caso del Sahara Occidental, una antigua colonia española anexionada por Marruecos en 1975.

El territorio en cuestión, de casi 270 mil kilómetros cuadrados, es desértico en su gran mayoría y está escasamente poblado. No obstante ello, es objeto de una disputa territorial.

A finales de la década de 1960, se constituyó un movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental que culminó en la creación del denominado “Frente Polisario”, cuyo objetivo fue alcanzar la autodeterminación del pueblo saharaui, para lo cual se propuso acabar con la ocupación española primero y con la marroquí después.

Tras años de violencia, en 1991 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) negoció una tregua entre Marruecos y el Frente Polisario. En ese marco, se previó celebrar un referéndum para que el pueblo nativo pudiera expresar su voluntad y se determinara así el estatus del Sahara Occidental. Más de 30 años después, ese referéndum sigue sin celebrarse.

Durante ese tiempo la tensión latente se ha ido incrementando. Mientras el Frente Polisario no acepta otra cosa que no sea el referéndum de autodeterminación, el gobierno de Marruecos rechaza la consulta y ofrece como única vía una propuesta de autonomía, posición que cuenta cada vez con mayor aceptación entre los principales actores internacionales

El conflicto

El territorio se encuentra en el borde occidental del desierto del Sahara y se extiende a lo largo de unos mil kilómetros de costa atlántica. Limita con Marruecos al norte, con Argelia al este y con Mauritania al sur. A pesar de su extensión, en su inhóspita tierra vive poco más de medio millón de personas. Pero la clave está en que cuenta con uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo y con grandes reservas de fosfato, elemento empleado como fertilizante y necesario también en la producción de alimentos balanceados, bebidas, cerámicos, ablandadores de aguas, productos limpiadores, jabones, detergentes e insecticidas, entre otros usos.

Tradicionalmente poblado por tribus bereberes (integrantes de las etnias autóctonas del norte de África), el Sahara Occidental fue colonizado por España en 1884. En 1965 la ONU pidió la descolonización del territorio. Para entonces ya pesaban sobre el Sahara Occidental las demandas del reino de Marruecos.

En la misma época se inició en el propio Sahara Occidental el movimiento independentista que condujo a la creación en 1973, del Frente Polisario. Un año más tarde, España anunció sus planes para conceder mayor autonomía a los saharauis y propuso organizar un referéndum de independencia en 1975. Sin embargo, España se retiró del territorio sin haberlo llevado a cabo y Marruecos se anexionó el Sahara Occidental alentando a miles de marroquíes a establecerse allí. En noviembre de 1975, 350 mil marroquíes cruzaron la frontera en la llamada “Marcha Verde” para presionar por la reivindicación del reino.

Como respuesta, el Frente Polisario proclamó en febrero de 1976 la “República Árabe Saharaui Democrática” (RASD) con el apoyo de aliados como Argelia y, a partir de ese momento libró una guerra de guerrillas contra las fuerzas marroquíes que duraría 16 años.

Durante la década de 1980 Marruecos construyó una serie de muros concéntricos en el desierto para mantener el control. La línea defensiva externa se extiende a lo largo de 2 mil setecientos kilómetros, rodeando el 80 por ciento del Sahara Occidental bajo control marroquí. Está fortificado con alambre de púas y trincheras y forma uno de los campos de minas más grandes del mundo. La RASD controla sólo el 20 por ciento del territorio, en su mayoría desierto vacío.

Tal como se dijo, la lucha se prolongó hasta 1991 cuando la ONU negoció una tregua entre ambas partes. En ese entonces, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó crear la “Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental” (Minurso) como parte de un arreglo que preveía un período de transición para preparar la celebración de una consulta en la que los saharauis pudieran elegir entre la independencia y la integración con Marruecos. El referéndum nunca se llevó a cabo debido a discrepancias sobre el censo de votantes saharauis primero, y por un rechazo frontal de Marruecos a aceptar la consulta después.

La tensión bélica entre se reactivó a fines de 2020 tras la incursión de tropas marroquíes en el paso fronterizo de Guerguerat, una zona desmilitarizada que separa Mauritania de las zonas controladas por Marruecos. La incursión motivó que el Frente Polisario considerara que Marruecos había roto el acuerdo de alto el fuego firmado en 1991 y declarara el estado de guerra en todo el territorio.

Cabe aclarar que esta disputa también deterioró a lo largo del tiempo las relaciones entre Marruecos y Argelia. Su frontera común ha estado cerrada desde 1994, y entre 100 y 200 mil refugiados saharauis viven en condiciones precarias en campamentos alrededor de la ciudad argelina de Tinduf.

La ONU y el derecho internacional

El Consejo de Seguridad ha ido extendiendo el mandato de la Minurso, pese a que nunca logró llevar a cabo el referéndum. Los enviados personales del secretario general de la ONU se sucedieron con distintos planes y negociaciones para tratar de encontrar una salida, pero sin éxito.

La misión de la ONU se convirtió con el paso de los años en poco más que una observadora del alto el fuego y la palabra referéndum ya ni siquiera aparece en los textos que se aprueban regularmente en el Consejo de Seguridad. En la última resolución para prorrogar la Minurso, el pasado octubre, este órgano pedía una “solución política” que sea “realista, viable, duradera y aceptable para todas las partes”. Todas expresiones de una buena voluntad que, ni es buena, ni es voluntad. Porque lo cierto es que la ONU sigue funcionando de acuerdo a la estructura de poder emanada de la Segunda Guerra Mundial y que se refleja en la composición del Consejo de Seguridad y -más concretamente- en la influencia de sus miembros permanentes: los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China.

En suma, lejos de potenciar su papel como mediadora imparcial en el conflicto, la ONU ha ido acercando su discurso a la postura marroquí, con modificaciones evidentes de su lenguaje que han eliminado la alusión expresa al referéndum como solución a la controversia, y evitando asumir un rol determinante en el cumplimiento del derecho internacional.

Por su parte, el Estado marroquí ha sabido o ha podido ejercer una presión mayor sobre quienes toman realmente las decisiones en el ámbito de la ONU, de manera de tal de inclinar la balanza a su favor. Esto se hizo evidente en las decisiones de los últimos años de países influyentes en el conflicto. A fines de 2020 el gobierno de los Estados Unidos, en ese entonces presidido por Donald Trump, reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, como parte un complejo engranaje de acuerdos tendiente a restablecer los vínculos diplomáticos entre Marruecos e Israel. Y la semana pasada fue el turno de España.

El rey de Marruecos, Mohammed VI, hizo público el documento en el cual el presidente español, Pedro Sánchez, anunció un giro en la política exterior al abandonar la histórica neutralidad española en la cuestión del Sahara Occidental para adherir a la postura de Marruecos. El anuncio tomó por sorpresa al propio gobierno español, dado que Sánchez se encontraba fuera del país. Este cambio de posición despertó suspicacias dentro de la coalición gobernante en España y en la oposición que reclama explicaciones en el Parlamento.

La realidad es que la postura marroquí se ha visto fuertemente reforzada con los giros dados por España y los Estados Unidos, sin contar que ya contaba con el apoyo de Francia.

El referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui parece, por lo tanto, una opción cada vez más lejana. Los sucesos en Ucrania y el Sahara Occidental, el funcionamiento de ONU y el uso discrecional del derecho internacional, presentan un panorama oscuro para la autodeterminación de los pueblos libres.

 

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