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Carteles de Medellín y Cali, políticos y empresarios, la mezcla explosiva

diciembre 5, 2021 5:15 pm POR ACTUALIZATE

Los '80 y los '90 en Colombia estuvieron marcados por el narcoterrorismo liderado por los carteles de drogas más grandes del país.

Los dos carteles más grandes de Colombia fueron el de Medellín, con Pablo Escobar Gaviría a la cabeza y el de Cali, cuyos patrones principales fueron los hermanos Rodríguez Orejuela.

Por lo icónico del personaje, en nuestro imaginario es Pablo Escobar el ‘hijoeputa número uno’ en todas las cifras referidas al tráfico de drogas. Pero su estilo populista y bravucón le impedía pasar desapercibido, factor clave en los grandes negocios. Se exponía como “El demonio por excelencia”.

Gilberto Rodríguez Orejuela afinó mucho más ese olfato empresarial y aparcó todos los conflictos públicos para triplicar los beneficios de sus vecinos de Medellín –en 1993 facturaron tanto como McDonald´s en 2016– en  una relación íntima con la política, la policía y el resto de instituciones y nada de portadas en los periódicos con atentados, asesinatos o ajustes de cuentas.

No se ha logrado calcular el total del dinero que movieron en la década de 1980 y 1990, se especula que fueron miles de millones de dólares, los cuales siguen en paradero desconocido, siendo uno de los contables menos conocidos por las autoridades, y con aseveramiento por parte de la justicia norteamericana de que existe la probabilidad de que la mayor parte del dinero esté ubicada en la banca suiza. Entre sus socios financieros estaba Felipe Altes Fernández, de nacionalidad española, amigo personal de la familia Urdinola Grajales y en la década de 1990 conocido intermediario bancario.

Mientras en Medellín exhibían a los ‘caídos’ para meter miedo, en Cali se deshacían de los cadáveres lanzándolos al río envueltos en alambre, para que al hincharse se convirtieran en comida para los peces.

Operaban juntos pero tenían repartidos los territorios de venta de droga de EEUU. Miami y Los Ángeles eran controlados por los de Medellín, mientras que los de Cali controlaban Nueva York.

Se dice que discutieron bravamente por sus desacuerdos metodológicos. Aun  así Gilberto Rodríguez Orejuela (Cali) y Luis Ochoa Vásquez (Medellín) viajaron a España, un poco a modo de distensión y otro gran poco a preparar redes de tráfico en Europa. Fueron detenidos en España en 1984.

Debido a la excesiva oferta y la drástica caída de precios, los dos cárteles comenzaron a disputarse el control de Nueva York, considerado el mercado de mayor demanda.

El primer síntoma de enfrentamiento se percibió en noviembre de 1987 con la detención de Ochoa en un lugar cercano a Cali, ciudad situada al occidente del país. Se cree que el arresto fue fruto de un posible chivatazo por parte del cártel de esa ciudad. Con maniobras legales, Ochoa abandonó la cárcel antes de terminar el año. Días antes, había caído en Florida (Estados Unidos) un gigantesco cargamento de droga, delatado, aparentemente, por la banda caleña.

El 13 de enero de 1988, tres individuos llegaron en carro hasta el edificio Mónaco ubicado en el sector de El Poblado (Medellín) y tras descender del automotor, este explotó causando destrozos en varias edificaciones a la redonda. En el edificio se encontraban María Victoria Henao, esposa de Escobar, sus dos hijos Manuela y Juan Pablo, dos empleadas del servicio, y dos personas más. Manuela quedó con lesiones auditivas a causa del atentado mientras que las demás víctimas resultaron ilesas.

Ese año marca el inicio de las ofensivas de espionaje y contraespionaje; primero Escobar le montó una operación de inteligencia al cartel de Cali; Los hermanos Rodríguez Orejuela, Santacruz y Pacho Herrera, a su vez, decidieron contratar a cinco militares retirados para constituir un servicio de espionaje contra Escobar, éste descubre a los oficiales y los secuestra, el cartel de Cali hizo entonces una propuesta de paz, a la cual Escobar pone dos condiciones: una indemnización de 5 millones de dólares por el atentado contra el edificio Mónaco, y la entrega de Pacho Herrera. Gilberto Rodríguez se negó a entregar a Pacho Herrera y los cinco exmilitares aparecieron muertos pocos días después.

La guerra entre ellos se fue intensificando mediante atentados, asesinatos y “chivatazos” o “entregadas mutuas”, para hacer caer sus negocios respectivos.

Dice el economista Andrés Álvarez: “La contracción económica, las dificultades que pasaba la gente, abonaron el terreno para que se desarrolle la economía del narcotráfico, que absorbió una mano de obra que no encontraba trabajo en el sector real”… de hecho daban trabajo directo a miles de personas a través de farmacias, radios, laboratorios…

Otras dimensiones de la vida pública colombiana, como la política, no podían estar  al margen de lo que generaba el poder del narcotráfico, explica el historiador Felipe Arias Escobar.

“La mafia fue capaz de cooptar agentes de la política y la fuerza pública, lo que demuestra la debilidad que existía en la institucionalidad de ese entonces”, indica el investigador.

Arias añade que no se puede hablar del todo de un tensionamiento entre el campo político y la criminalidad, “porque ambos tenían un pie en el otro lado”.

El exsenador y exministro Alberto Santofimio Botero, se encuentra en prisión domiciliaria, es el único político enjuiciado y condenado por su responsabilidad en el crimen del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento.

Santofimio Botero fue condenado en 2007 a 24 años de cárcel por el crimen, que según la hipótesis de la Fiscalía, fue perpetrado con el apoyo de agentes del Estado entre integrantes de la Policía y agentes del DAS, financiados con plata del narcotráfico.

Aún falta que políticos sean llamados a dar explicaciones por el crimen de Galán Sarmiento, por los lados de la Policía y el DAS tampoco se han cerrado todos los cabos sueltos. No solo siguen las investigaciones por el plan de debilitamiento del esquema de seguridad de quien para la época de los hechos era la persona más amenazada del país, y que fue herido rodeado solo de seis escoltas, sino de quienes pusieron en marcha un plan para desviar la investigación.

La población colombiana era presa y víctima de la, cada vez mayor, ola de violencia desatada en la disputa de poder que mezclaba a narcos, políticos y empresarios.

Fue esta mezcla la responsable de la caída de Pablo Escobar, pero no de terminar con los narcos y la violencia. El Patrón siempre se declaró inocente en este atentado que se cobró la vida de Galán. Tal como en la caída del Boeing 727-21 del  vuelo 203 de Avianca.

Los expertos coinciden que “es difícil” que Colombia viva un año con tal cantidad  de grandes atentados y violencia como en 1989, por las nuevas dinámicas dentro del mundo del crimen organizado.

Sin embargo, apuntan que ciertos sectores de la política siguen vinculados a circuitos delictivos y que los homicidios selectivos siguen ocurriendo, como en el caso de los cientos de líderes sociales asesinados en los últimos años.

La década entre los 80 y los 90 se considera  “la época del narcoterrorismo”. Yo le llamaría “narcopolíticoempresarialterrorismo”.

A partir de la llegada de mercenarios extranjeros para entrenar al crimen organizado, los carteles de Medellín y Cali, dominantes en ese entonces, demostraron cada vez más habilidad en el uso de carrobombas a control remoto y armamento pesado como los lanzacohetes.

También se llega a niveles desconocidos en el enfrentamiento entre esmeralderos  y se multiplican los asesinatos selectivos de jueces y magistrados.

En noviembre de 2019, ante una corte estadounidense del sur de la Florida, Horacio Triana, un poderoso esmeraldero colombiano, aceptó los cargos de tráfico de estupefacientes con fines de narcotráfico, conspiración para asesinar testigos y obstrucción de la justicia. Pero su historia y las pruebas reveladas por la justicia norteamericana para condenarlo podrían desempolvar un oscuro capítulo del conflicto colombiano del que poco se sabe: la entrada de los paramilitares al departamento de Boyacá y el papel que los esmeralderos de la región jugaron en ella.

Iván Urdinola Grajales, el amigo del socio financiero de los Caballeros de Cali, y acérrimo enemigo de Escobar y de las guerrillas colombianas,  no salió de los barrios populares como otros narcotraficantes. Nació el 1 de diciembre de 1960 en una familia acomodada de El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca. Aunque tuvo la oportunidad de formarse en una universidad, a temprana edad desistió de esa aspiración para dedicarse a conseguir plata. Con 20 años instaló un frigorífico en el aledaño municipio de Cartago, que se convirtió en un monopolio de la región en la distribución de carnes, expandiendo sus sedes a otras ciudades del departamento como Cali y Buenaventura. El negocio le permitía vivir cómodamente. Pero entonces conoció a los hermanos Rodríguez Orejuela, y quedó descrestado con su poder, así que quiso ir por más.

Se inició en el narcotráfico siendo un subalterno de los líderes del Cartel de Cali, pero cuando aprendió los pormenores del negocio los dejó para montar su propia red de aeropuertos y aviones para el tráfico, y consiguió colaboradores externos. Solo que a diferencia de los carteles de ese momento, enriquecidos con la coca, decidió apostarle a una mata que no había sido explotada en el país: la amapola.

Formó su propio cartel, el del Norte del Valle, con su cuñado, Orlando Henao Montoya, alias el ‘Hombre del overol’, hermano de su esposa Lorena.

Fue él quien protagonizó varias masacres contra campesinos del Valle del Cauca señalados de colaborar con la guerrilla, entre ellos ordenó el asesinato del sacerdote Tiberio de Jesús Fernández. Una vez se enteró de un complot de 35 de sus guardaespaldas para robarle un cargamento de heroína. Antes de que lo hicieran los condenó al paredón.

Los miembros de Cartel daban en llamarse “los caballeros de Cali”; se codeaban con empresarios, políticos y todo el que tuviera algo que decir en la alta sociedad colombiana.

Mientras Escobar, con sus pantalones caquis y camisas floridas, huía de las cárceles campo traviesa, ellos compartían restaurantes y despachos con los mismos que supuestamente debían perseguirlos.

Escobar quería ser presidente de Colombia,  más para apuntalar su mito que para, obviamente, atender y solucionar los problemas de su nación.

Para los Caballeros de Cali, en cambio, esa aspiración mesiánica era sinónimo de estropear al negocio. ¿Para qué vas a ser presidente si puedes comprar al presidente?

Ernesto Samper, el señalado para este efecto, siempre llevará esa marca en su expediente. En el famoso Proceso 8000, desencadenado por la documentación incautada a Guillermo Pallomari, el contable de los narcos, se demostró por vía judicial la conexión directa entre el Cartel de Cali y la campaña electoral que aupó a Samper al gobierno. Cayeron congresistas y ministros, y el presidente se salvó con un poco honroso “ni culpable, ni inocente” dictado por la Comisión de acusación del Senado de Colombia.

Fueron muy marcadas las diferencias entre ambos carteles. Uno la iba de populista y el otro de aristócrata elegante y discreto.

Pero a ambos el horror y la muerte los  parieron, hermanaron y separaron.

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