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Bolsonaro ecocida

noviembre 22, 2021 11:00 am POR MARIANO YAKIMAVICIUS

Brasil enfrenta la peor deforestación de la Amazonía en 15 años. Pero el gobierno lo ocultó hasta que concluyera la cumbre climática global COP26 en Escocia.

La Amazonía brasileña perdió 13.235 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal entre agosto de 2020 y julio de 2021. Es la mayor área degradada en un solo año durante los últimos 15. Fue el propio gobierno brasileño el que lo informó. Eso sí: lo hizo luego de que la COP26 finalizó.

La tala de la mayor selva tropical del mundo en el último año fue un 22 por ciento superior a la de 2020, cuando abarcó 10.851 kilómetros cuadrados, y no era tan elevada desde la registrada en 2006 -14.286 kilómetros cuadrados- de acuerdo a la información divulgada por el estatal Instituto Nacional de Estudios Espaciales (INPE).

La deforestación aumentó hasta alcanzar un área similar a la de países como Bahamas o Montenegro y superior a la Qatar, Jamaica, Gambia o Líbano, pese al discurso “conservacionista” que el gobierno brasileño presentó en la COP26 en Glasgow, donde sostuvo haber avanzado en el combate a la tala y en sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases contaminantes. La delegación brasileña también anunció en la cumbre que adelantó de 2030 a 2028 su meta para ponerle fin a la tala ilegal en la Amazonía.

Miente, miente, que algo quedará

Un comunicado del Sindicato de Empleados Públicos en el Área de Ciencia y Tecnología reveló que la dirección del INPE y el gobierno tenían conocimiento desde mediados de octubre de los datos sobre el agravamiento de la deforestación, pero autorizaron su divulgación sólo una vez que hubiera concluido la COP26.

La tala anual de la Amazonía es medida por el Proyecto de Monitorización de la Deforestación de la Amazonía Legal por Satélite, un instrumento que utiliza imágenes de satélite de alta resolución y que permite identificar áreas devastadas de -al menos- seis hectáreas y cuarto. Según el INPE, entre los nueve Estados que conforman la llamada “Amazonía Legal” brasileña, los que más contribuyeron en la deforestación en el último año fueron los de Pará, con el 39,75 por ciento de toda la tala medida, Amazonas con el 17,73 por ciento, y Mato Grosso con el 17,10 por ciento. Se trata, curiosamente, de los Estados que cuentan con las mayores extensiones -supuestamente- preservadas.

De acuerdo con el Observatorio del Clima, que agrupa a 70 grupos ecologistas incluyendo algunos internacionales como Greenpeace, el nuevo récord de deforestación de la Amazonía muestra “el triunfo del proyecto ecocida” del gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

Jair, el presidente récord

La deforestación creció por tercer año consecutivo desde que Bolsonaro asumió el gobierno en enero de 2019 y, por primera vez, suma cuatro años seguidos de aumento desde que comenzó a ser medida en 1988. Desde los grupos ecologistas atribuyen el agravamiento de la situación al discurso antiambientalista de Bolsonaro, que ha desmontado los organismos de fiscalización ambiental y defendido proyectos de explotación minera y agropecuaria, incluso en reservas ambientales e indígenas.

El esfuerzo persistente, planificado y continuo de destrucción de las políticas de protección ambiental del régimen de Jair Bolsonaro muestran su éxito por más cruel que pueda resultar para la mayor selva tropical del mundo. Simultánemanete, como amenaza con la desaparición de la Amazonía y eso convierte a Bolsonaro en una amenaza climática global, el gobierno, avalado por sus aliados del sector agropecuario y minero, optó por mentir abiertamente al llevar propaganda distractoria a la COP26. El Brasil real sólo tiene para mostrar tierra arrasada y crimen organizado actuando sin control en la Amazonía.

Un estudio presentado en Glasgow por el Panel Científico de la Amazonía, que reúne a unos 200 expertos de todo el mundo, alertó que, si se mantienen los actuales altos índices de deforestación, el considerado “pulmón vegetal” del mundo llegará a un punto de no retorno antes del año 2050, que lo llevará a perder hasta el 70 por ciento de su vegetación nativa.

Ecocidio

El ecocidio es un concepto que hace referencia a cualquier daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado, parte de uno o más países, con consecuencias a escala global. Aún se continúa trabajando en una definición más precisa de ecocidio con el objetivo de tipificarlo como un crimen en contra de la humanidad.

El presidente de Brasil, hay que decirlo claramente, es un ecocida. Los incendios en la región amazónica son la consecuencia de un conjunto de decisiones políticas deliberadas tendientes a dañar el ambiente: acabar con las secretarías de Cambio Climático, trasladar el Servicio Forestal Brasileño del Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio de Agricultura, terminar con la Agencia Nacional del Agua, desmantelar los organismos de protección a los pueblos indígenas y extinguir las unidades de conservación.

El ecocidio abre además el camino al genocidio. Las comunidades indígenas viven la zozobra de perder sus territorios. Fueron precisamente los líderes de los pueblos originarios quienes en julio de este año se animaron a hacer lo que había que hacer y denunciaron al presidente Jair Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Lo que decidió a la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) a presentar la denuncia ante la CPI, fue la muerte de 1.162 indígenas pertenecientes a 163 pueblos durante la pandemia de COVID-19. El documento de casi 150 páginas acusa al presidente de actuar deliberadamente para “exterminar” a las comunidades nativas para “establecer un Brasil sin pueblos indígenas”, y de acciones y omisiones contra el ambiente. Es la primera vez en la historia que los pueblos indígenas se presentan ante la CPI para defenderse de estos crímenes.

Lamentablemente, aunque el proceso siga avanzando y se llegara a juzgar y condenar a Bolsonaro por los crímenes recogidos en el Estatuto de Roma, eso difícilmente ocurrirá durante su mandato como presidente. La historia del Tribunal demuestra que la responsabilización de jefes o exjefes de Estado suele demorar aproximadamente una década. Penas de prisión de hasta 30 años, confiscación de bienes y reparaciones -tales como disculpas e indemnizaciones- son algunas de las posibles sanciones en caso de condena. Pero para ese entonces, el daño causado será difícilmente reparable.

Para conocer más sobre el profe Mariano Yakimavicius ingresar a su blog Aldeano Global.

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