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El Senado dio media sanción al proyecto de Traferri para expropiar la planta de Dow Química

octubre 8, 2021 12:04 am POR ACTUALIZATE

La iniciativa del senador del Nuevo Espacio Santafesino declara de interés público la empresa radicada en Puerto San Martín, para evitar el cierre anunciado para el mes de mayo próximo.

Al mismo tiempo, se convocaría a empresarios interesados en continuar con la producción.

El Senado provincial dio este jueves media sanción al proyecto del senador del Nuevo Espacio Santafesino (NES) Armando Traferri que declara “de utilidad pública y sujeta a expropiación” la planta de Puerto General San Martín de la empresa Dow Química Argentina, cuya controlante anunció que cerrará en mayo próximo, poniendo en riesgo de 120 puestos laborales y a toda la cadena productiva regional, puesto que fabrica polioxi propilenglicol y éteres glicólicos, insumos esenciales para la producción local. En paralelo, la iniciativa, aprobada sobre tablas, impulsa realizar una “convocatoria a interesados que, en cuanto inversores privados, manifiesten su interés en asumir la continuidad de la operatoria industrial”.

Al justificar su iniciativa, el legislador justicialista explicó que, además de los 120 puestos laborales directos, el cierre de la planta implicaría la desaparición “de forma indirecta de cientos de puestos de trabajo asociados a la operatoria industrial, lo que constituiría un detonante de crisis socioeconómica principalmente para un gran número de familias santafesinas”. Además, recordó que esa planta es la única en el país que produce los insumos mencionados, que son requeridos en “los rubros de colchonería, farmacéutica, automotriz, de refrigeración y electrodomésticos, de elaboración de pinturas y solventes”, entre otros. Traferri advirtió que, en caso de cerrarse la planta, el país se vería en la obligación de importar esos productos “con consecuencias macro y microeconómicas asociadas a dicha logística y a la perdida de la producción nacional dentro de las cadenas de valor afectadas”.

PBB Polisur SRL, firma controlante de la empresa, indicó que la decisión de cerrar la fábrica se debe a una reestructuración a nivel internacional, y que la planta es actualmente superavitaria, lo que redunda en que haya numerosos interesados en continuar la producción. El problema es que Dow manifestó intenciones de demoler la infraestructura cuando ya no opere.

El senador, titular del bloque Juan Domingo Perón en la Cámara Alta, explicó “que se han agotado todas las instancias de conciliación obligatoria y los oficios de amigable composición entre los actores involucrados, tanto públicos como privados, persistiendo la decisión de la empresa de desmantelar su operatoria local”. Y que esto “hace pertinente explorar soluciones de continuidad que garanticen la producción del insumo crítico y de las fuentes laborales”.

De allí el proyecto de Traferri, que fue aprobado sobre tablas por dos tercios del Senado y que fue inmediatamente girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Recientemente, la Municipalidad de Puerto General San Martín declaró de Interés Público la problemática derivada del cierre de Dow a través de una ordenanza, que destaca la “Causa de Utilidad Pública” de la planta. Ello es antecedente suficiente para que la Legislatura avance en este sentido. Además, Traferri destacó que el artículo 23 de la Constitución provincial “establece que la provincia, y en este caso el Poder Legislativo más específicamente, debe contribuir a la defensa integral de las familias y al cumplimiento de las funciones que le son propias con medidas económicas o de cualquier otra índole encuadradas en la esfera de sus poderes”.

El senador además recordó que “forma parte de las atribuciones constitucionales encomendadas a la provincia la promoción de la explotación racional de los recursos productivos en un todo conforme la función social elemental, ello en este caso por medio de un mecanismo legal en que se busca la satisfacción de un interés general y utilidad pública”. El legislador del NES subrayó que ello no implica un “menoscabo a la iniciativa e inversión privada, ya que el mecanismo legal específico resguarda de igual manera el interés de los particulares afectados por una medida expropiatoria”.

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