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Olivos Gate: todos “auto imputados”, menos Alberto

agosto 24, 2021 2:40 pm POR ACTUALIZATE

Los participantes de los festejos están dispuestos a declarar y contrataron abogados; el presidente espera la decisión del fiscal.

A poco más de dos semanas de las PASO, la difusión de las fotos y videos de los festejos del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en julio del año pasado se convirtió en un importante actor de estas elecciones. La oposición, por supuesto, usa el hecho para criticar al presidente de haber incumplido su propio decreto, mientras que el oficialismo quiere que el agua termine de pasar por debajo del puente y utiliza el éxito de la campaña de vacunación como bandera de batalla.

En el medio, si bien no hubo un requerimiento oficial por parte de la fiscalía, las personas que estuvieron presentes en la celebración quedaron “implícitamente imputadas”, tras sumarse a la causa y contratar abogados.

El único que no lo hizo fue la figura principal, Alberto Fernández, quien está a la espera de la decisión del fiscal Ramiro González, quien está a cargo de la causa de las visitas a Olivos, incluyendo el mencionado cumpleaños.

Según el artículo 73 del Código Procesal Penal, “la persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles”. Es decir que los allegados de Fabiola podrían presentarse a declarar, aunque no haya comenzado la causa.

Casi todos los implicados contrataron a los abogados Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo, del núcleo de la Primera Dama. La única que fue por otro lado fue Stefanía González, quien teóricamente fue la que filtró el material. En este caso, el defensor elegido es el mediático Mauricio D’Alessandro.

El propio D’Alessandro dijo que, como primera medida de sus acciones defensivas, pedirá la inconstitucionalidad de los decretos que regían a mediados de 2020 y que prohibían las reuniones.

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